Faltan al menos «10.000 muertos» en las estadísticas del coronavirus en España
Señalan que el recuento de fallecidos en España dispararía la cifra en al menos un 40-50% sobre el dato oficial.
El impacto de los atentados del 11 de marzo en Madrid fue en un día; el del coronavirus durará meses. Y esta opinión, deslizada por fuentes conocedoras del sector funerario a ABC, la comparten médicos, forenses, epidemiólogos y personal de Justicia consultado por este periódico. El Gobierno se ha visto desbordado por la dimensión de la pandemia, y aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sigue repitiendo que los métodos de contabilidad de los fallecidos por Covid-19 son los más exigentes de la Unión Europea y se ajustan a lo dictado por las autoridades sanitarias internacionales, lo cierto es que las críticas que le hacen desde esos sectores tanteados nacen de la «improvisación absoluta» que se ha adoptado para centralizar el recuento de los fallecidos, la falta de pruebas y las deficiencias en la metodología, que no se corresponde, según las fuentes, a las personas que están muriendo.
Dicho de otro modo, el sector directamente involucrado en la certificación de cada defunción (el médico o forense, el registro civil donde se inscribe la muerte y se pide la licencia oportuna y la funeraria que recibe el encargo de cada familia) señalan que el recuento de fallecidos en España dispararía la cifra en al menos un 40-50% sobre el dato oficial. Como ejemplo, la Comunidad de Madrid: ayer el vicepresidente Ignacio Aguado dio por bueno el dato de 781 ancianos fallecidos con un positivo y 3.741 con «sintomatología compatible» de los que no se sabe, al no efectuarles test, si tenían o no el virus.
Javier Jordán, presidente de Justicia en el sindicato de funcionarios CSIF, que representa a trabajadores de los 431 registros principales del país y las 2.500 agrupaciones de justicia (o juzgados de paz), señala que a la cifra global de muertos (ayer miércoles eran oficialmente 14.555 personas por enfermedad Covid-19 ) le faltan, «como mínimo, otros 10.000 muertos más».
Hay dos documentos clave del «desbarajuste» en que se ha convertido este asunto, que redimensionaría la tragedia que azota al país. El primero es una circular con directrices del Ministerio de Sanidad y el de Justicia, que tiene fecha de 28 de marzo, aunque las consejerías de Sanidad de cada autonomía lo han puesto en conocimiento del personal médico hace 4-5 días. En esa circular se prohíben las autopsias a los cadáveres (salvo que sean con signos evidentes, como violencia, de que no tienen causa de infección); se adelantan las incineraciones para que sea posible efectuarlas antes de 24 horas (no se permitía hasta ahora) y se cambia el procedimiento a seguir para certificar cada muerte. Se inscribe la «causa fundamental de la muerte o mediata» y la «causa inmediata». Si se ha practicado el test de detección, el fallecido figura en la lista de «Covid-19» como causa fundamental; se traslada en el certificado y se inscribe en el registro.
La «tergiversación» del dato oficial se produce por otro motivo: el médico solo está apuntando en la lista de Covid-19 al paciente a quien se ha realizado el test, ha dado positivo y muere.
Nueva categoría
La directriz de Sanidad insta a certificar como causa fundamental de muerte «sospechosa de Covid» cuando hay síntomas de tal enfermedad (eso inducirá a errores como que alguien pude morir de una afección respiratoria que no sea Covid) y además no se contabilizan tales muertes como muertes provocadas por Covid (lo que reduce claramente las cifras oficiales de muerte por tal virus), descifra el médico forense José Cabrera.
En residencias de ancianos y domicilios no se ha hecho ningún test (ni siquiera había). «El anciano que muere en su casa, ha ido a verlo el médico rural, le da un fármaco por su tos y muere, no figura en la lista. Si acaso, el médico lo inscribe en la lista de sospechosos», denuncia. Otro médico forense agrega: «Eso si tiene vista el médico que lo trata, porque lo conoce. Pero hay muchos muertos inscritos con la causa de insuficiencia respiratoria o neumonía agravada por el coronavirus que no se están recogiendo ni en una lista ni en otra, o como mucho en la de sospechosos». Y ahí se produce el «último» de los embudos: la nueva categoría de «sospechosos» provoca un desfase entre las dos listas (la de fallecidos por Covid-19 y la de mortalidad global o habitual) de hasta un 70% al comparar las licencias de petición de enterramiento en los registros civiles y las muertes computadas, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha y ha denunciado públicamente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
«Si pusieran a todos los tribunales superiores de las autonomías a investigar el dato real de fallecidos, que nunca se sabrá oficialmente, sabríamos que el coronavirus en España sería la peste que ha diezmado a la población», dice el mismo médico forense. «El lío que se está produciendo por falta de previsión ante lo que venía es monumental. Si se sabe el dato real, se les cae el pelo», acusa Cabrera.
Instrucción de Justicia
Además, Justicia remite un segundo documento el pasado sábado: una nueva instrucción firmada por Sofía Puente, directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Juan Carlos Campo, pide a los 431 registros civiles principales que comuniquen tal listado a un email concreto que les da. Otro problema que observa Jordán: «Hay 8.000 pueblos, donde no hay registro ni juzgado de paz, es el secretario del Ayuntamiento el que está rellenando esos formularios. Estaremos cubriendo el 92-93%de la población, pero hay muertos que quedan fuera».
Personal de registros civiles consultados se quejan, además, de que solo el 7-10% de sus funcionarios están trabajando presencialmente; los registros están colapsados, no dan abasto y este sistema que acaba de improvisar Justicia, cambiando el paso el pasado sábado, «pone de manifiesto que no estábamos preparados», porque ni el teletrabajo está dando buenos frutos.
Funerarias desbordadas
Los servicios funerarios, repletos de héroes invisibles según reivindica el sector, han reforzado turnos; en algunos casos con trabajadores en jornadas de 12 horas y sin días libres. Pero este esfuerzo todavía no es suficiente para acabar con el colapso. En Madrid, la segunda quincena de marzo de 2019 registró una media de 80 muertes al día. Este año, en el mismo periodo, la media ha sido de 350 personas, entre fallecidos por Covid-19 confirmados, sospechosos y otras causas. «El volumen de fallecidos se está multiplicando por cuatro o cinco en Madrid, cuando lo que se preveía era que se multiplicara por dos o por tres», explica Alfredo Gosálvez, secretario general de Panasef, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios. «Solo en Barcelona hay más de 3.000 fallecidos. Son cifras por las que saldremos en los libros de Historia, es un desafío sin precedentes», asegura.
Pero el volumen de fallecidos es solo uno de los motivos por los que se ha dado el colapso, que comenzó, según Panasef, que agrupa al 75% del sector, la primera semana del estado de alerta. El fracaso del mando único supuso la pérdida de tres días preciosos para la organización. Y la ausencia de un plan coordinado para la implantación de morgues y el colapso de los registros civiles completaron la ecuación, explica Gosálvez.
Juan Antonio Alguacil, de la Asociación Española de Profesionales Funerarios, dio la voz de alarma públicamente hace ya una semana. «Estábamos viendo que la situación no era normal desde el comienzo de la alerta», dice. El 22 de marzo, en una reunión telemática con empresarios del sector, certificaron que los servicios estaban desbordados y que los muertos eran, al menos, un 40% mayores de los que decía Sanidad. «Lo que nos encontramos desde el primer día, en residencias y domicilios, eran certificados de defunción donde venían las patologías, o defunciones como “posible Covid”», explica. «Sabíamos perfectamente que eran casos de coronavirus a los que no se les habían hecho los test. Y sabemos que las cifras reales no se corresponden con las de Sanidad, aunque ahora firmaría por no tener razón», cuenta Alguacil, que agradece que el sector tomara medidas de protección también en los casos sospechosos.
Dentro del sector funerario, el mayor retraso se está dando en las incineraciones que, al menos en Madrid, pueden retrasarse unos cuatro días. Porque por mucho que se destine personal a los 21 crematorios que tiene Madrid de los 442 que hay en España, el proceso dura unas 4 horas y «es imposible sacar adelante tanta demanda», dicen fuentes de Comisiones Obreras en la sección de Sanidad. Ante el aumento de la demanda se están derivando cuerpos a otras provincias. «Con la cantidad de muertos que hay, no hay capacidad para hacerlo en 48 horas. Nadie tiene la infraestructura, ni en Madrid ni en España, para afrontar esta avalancha», explican las mismas fuentes, que hacen un paralelismo inevitable: «El 11-M fallecieron 190 personas el primer día. Con el coronavirus ha sido así durante tres semanas».
En Servicios Funerarios de Madrid, en cambio, prefieren no hablar de colapso, sino de una demora en los tiempos. Con un incremento de casos que comenzó el 9 de marzo, la media diaria de servicios directos e indirectos del 9 de marzo al 06 de abril, es de 124 frente a los 53 del año pasado. De los casos que han atendido, aproximadamente el 57% han sido casos de Covid. «No puedo tener una idea de cuándo volveremos a los plazos normales. Somos el último eslabón de la crisis sanitaria, y es imposible predecirlo», explica Antonio Santos.
Una auditoría
Las sospechas en el Partido Popular sobre la cifra real de muertos por Covid-19 han ido a más en los últimos días. En el Congreso, el partido de Pablo Casado ha registrado una autidoría sobre el número de fallecidos por coronavirus en España, con datos por provincias, semanales y desglosados por rango de edad, desde el pasado 1 de marzo. «Tener datos fiables es un requisito de calidad democrática», sostienen los populares.
Esta sospecha se sustenta en un exceso sobre la mortalidad esperada en la segunda quincena de marzo, en más de un 40 por ciento, o incluso del 50 por ciento entre los mayores de 74 años, según el PP. Ese exceso ha sido especialmente acusado en Castilla-La Mancha y Castilla y León. Un aumento que excede al contabilizado por causa del coronavirus, y que el PP cree que puede deberse a que no se han contabilizado a las personas que mueren en residencia o en los propios hogares.
En cualquier caso, el PP ve imprescindible que se aclare cuanto antes la cifra auténtica de los fallecidos. «Una nación debe contar bien a sus muertos para poder despedirles bien, y también para cuidar bien de los vivos, es decir para establecer una estrategia de confinamiento adecuada», advirtió ayer en la Cope la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. «Se van acumulando indicios muy poderosos de que los datos oficiales no se corresponden con los datos reales y ese desfase es terrible y debe aclararse de inmediato», sostuvo.
Escogemos esta nota interesante de ABC
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